Portal del Corcho

FUENTE: Junta de Andalucía (25 de julio de 2007)

El consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, y la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, presentaron el pasado 25 de julio de 2007 el anteproyecto de Ley de la Dehesa. Esta ley contempla medidas de fomento de la preservación de la dehesa sin imponer obligaciones a sus propietarios, en la que tendrán una consideración especial las dehesas ubicadas en espacios naturales protegidos y aquellas en las que se desarrollen producciones integradas o agricultura ecológica.

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FUENTE: Diario de Cádiz (25 de julio de 2007) y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las autoridades veterinarias andaluzas han notificado la detección de un foco de “lengua azul” en una explotación situada en el municipio de Tarifa (zona de La Peña). La “lengua azul” es una enfermedad infecciosa, no contagiosa, que afecta exclusivamente a los animales rumiantes, y, en ningún caso, se puede transmitir al ser humano. La enfermedad tiene un claro componente estacional debido a la intervención obligada de un vector (un mosquito del género Culicoides) para su transmisión.

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FUENTE: EL PAÍS Andalucía (20 de julio de 2007)

Una bacteria causó la mortandad de ciervos en el parque natural de los Alcornocales, según los análisis realizados en el laboratorio de Córdoba. La bacteria detectada es una variedad de la pasteurella, que provoca una septicemia hemorrágica.

La mortandad se vio favorecida por el calor y la superpoblación de estos animales en la zona, que aceleró la propagación de la enfermedad, según explicó el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Los Barrios, Alfonso Pecino, tras estudiar la información de la Consejería de Medio Ambiente y la dirección del parque natural.

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FUENTE: Agencia EFE (publicado en www.agrojnformación.com; 14 de junio de 2007)
Un grupo de eurodiputados españoles, italianos y portugueses han pedido a la Comisión Europea (CE) que promueva el uso de tapones de corcho en las botellas de vino mediante la implantación de un etiquetado en el que se informe a los consumidores del material usado en el cierre de la botella. El objetivo es fomentar la utilización de corcho y en consecuencia ayudar al sector corcho-taponero, frente a la entrada en el mercado de tapones sintéticos, especialmente los de polietileno. Los europarlamentarios resaltaron que el empleo de estos nuevos cierres supone “más allá de una política de bajo coste en substitución de la alta calidad, una grave amenaza a los bosques de alcornocales”. Señalaron que hasta la fecha el corcho ha sido el producto “indiscutible” en el taponado de botellas, por sus propiedades físicas idóneas pero “últimamente han entrado en el mercado sustitutivos, basando la competición en campañas no contrastadas técnicamente de desprestigio al producto natural”. Denunciaron que por otro lado, los vendedores de los nuevos materiales sintéticos tratan de imitar al máximo las características del corcho e incluso usan la palabra “cork” (corcho en inglés) en parte del nombre del producto utilizado como tapón.

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FUENTE: FALCOR (20 de julio de 2007)

Dentro del programa de “Cursos de verano de la Universidad Jaume I” ha tenido lugar el curso “La sostenibilidad del alcornocal y la industria corchera: claves de la gestión del P.N. de Espadán” celebrado en Segorbe (Castellón). El curso fue organizado por Vicent Ortells Chabrera y Javier Soriano Martí, ambos pertenecientes al Departamento de Historia, Geografía y Arte de dicha universidad y en él se realizó una revisión histórica, económica, social y ecológica del alcornocal y su principal aprovechamiento, el corcho. La elección de Segorbe como lugar de celebración del curso, no fue casual, pues este municipio se encuentra muy próximo al P. N. de la Sierra de Espadán, uno de los espacios naturales mejor conservados de la Comunidad Valenciana y el que recoge la mayor y mejor representación de monte alcornocal de la región.

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FUENTE: Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (4 de junio de 2007)

La certificación forestal es un proceso por el que un organismo independiente del propietario, las instituciones públicas y la industria acredita que la gestión de un bosque se lleva a cabo siguiendo la normativa establecida por la entidad certificadora. Estas certificaciones surgen con el objetivo de promover una gestión forestal sostenible, en la que la conservación de la biodiversidad y el rendimiento económico no estén enfrentados y permita el mantenimiento de las funciones ecológicas y socioeconómicas de los bosques. Previsiblemente, los propietarios forestales cuyos bosques estén certificados se encontrarán en una situación de mercado ventajosa y más competitiva frente a los que no participen.

Actualmente, en el ámbito estatal se aplican de manera voluntaria dos certificaciones forestales: la certificación del Programa para el Reconocimiento de sistemas de Certificación Forestal y la del Consejo de Administración Forestal (respectivamente PEFC y FSC en sus siglas en inglés). Ambas certificaciones están vigentes en Andalucía, si bien recientemente la Junta de Andalucía ha apostado por la certificación regional PEFC, en la que en lugar de certificar cada unidad de gestión, se certifica un grupo de montes pertenecientes a una misma región. El objetivo es proporcionar una vía sencilla y económica a los propietarios de montes andaluces para obtener un certificado que indique que sus productos han sido obtenidos mediante una gestión forestal sostenible y medioambientalmente respetuosa. De este modo, el gobierno andaluz pretende incentivar la certificación forestal, especialmente entre los propietarios más pequeños, y corresponsabilizar a la administración pública en la gestión forestal sostenible.

Para ello, la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente está constituyendo la Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional PEFC en el que participan propietarios y gestores forestales, empresas de explotación forestal e industrias de transformación de productos forestales, investigadores y consumidores, además de representantes de las administraciones públicas competentes.