FUENTE: Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía (4 de junio de 2007)
La certificación forestal es un proceso por el que un organismo independiente del propietario, las instituciones públicas y la industria acredita que la gestión de un bosque se lleva a cabo siguiendo la normativa establecida por la entidad certificadora. Estas certificaciones surgen con el objetivo de promover una gestión forestal sostenible, en la que la conservación de la biodiversidad y el rendimiento económico no estén enfrentados y permita el mantenimiento de las funciones ecológicas y socioeconómicas de los bosques. Previsiblemente, los propietarios forestales cuyos bosques estén certificados se encontrarán en una situación de mercado ventajosa y más competitiva frente a los que no participen.
Actualmente, en el ámbito estatal se aplican de manera voluntaria dos certificaciones forestales: la certificación del Programa para el Reconocimiento de sistemas de Certificación Forestal y la del Consejo de Administración Forestal (respectivamente PEFC y FSC en sus siglas en inglés). Ambas certificaciones están vigentes en Andalucía, si bien recientemente la Junta de Andalucía ha apostado por la certificación regional PEFC, en la que en lugar de certificar cada unidad de gestión, se certifica un grupo de montes pertenecientes a una misma región. El objetivo es proporcionar una vía sencilla y económica a los propietarios de montes andaluces para obtener un certificado que indique que sus productos han sido obtenidos mediante una gestión forestal sostenible y medioambientalmente respetuosa. De este modo, el gobierno andaluz pretende incentivar la certificación forestal, especialmente entre los propietarios más pequeños, y corresponsabilizar a la administración pública en la gestión forestal sostenible.
Para ello, la Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente está constituyendo la Asociación Promotora de la Certificación Forestal Regional PEFC en el que participan propietarios y gestores forestales, empresas de explotación forestal e industrias de transformación de productos forestales, investigadores y consumidores, además de representantes de las administraciones públicas competentes.
